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wikiBloque de VPO ganador de un concurso de residencias bioclimáticas del municipio de El Astillero (Cantabria).

La Residencia de Protección Oficial (VPO, asimismo famosa como Residencia con Protección Pública o bien Residencia Protegida) es un género de residencia de coste limitado y, prácticamente siempre y en toda circunstancia, parcialmente subvencionada por la administración pública de España.


El objetivo de la VPO es favorecer que los ciudadanos con rentas más bajas puedan adquirir o bien alquilar residencias dignas y convenientes a unos costos accesibles a sus posibilidades.


Las diferentes Comunidades Autónomas han legislado sobre esta materia, con lo que no hay un régimen uniforme en todo el territorio nacional. Las explicaciones que prosiguen ahora reflejan normalmente solo el régimen de las VPO que se acogen a los Planes de Residencia del Estado.


Son calificadas como residencias de protección oficial o bien, más generalmente, como residencias protegidas, por el órgano eficiente de las Comunidades autónomas y urbes de Ceuta y Melilla, que cumplan los requisitos establecidos en el Decreto por el que se regula el Plan Estatal de Residencia y Rehabilitación (dos mil nueve-dos mil doce). Únicamente van a poder destinarse en venta o bien al alquiler y tienen que formar el domicilio o bien vivienda frecuente y permanente de sus ocupantes, salvo en aquellos supuestos que determina de manera expresa este R. D..


Con independencia de otras posibles denominaciones por la parte de las Comunidades Autónomas y urbes de Ceuta y Melilla en cumplimiento de su normativa propia, las residencias protegidas de nueva construcción, para venta o bien alquiler, van a poder calificarse o bien declararse, a efectos de las condiciones y ayudas de este R. D., como residencias de protección oficial (VPO) de régimen singular, residencias protegidas de régimen general y concertado.


La calificación de VPO acostumbra a tener un periodo de valía, tras el que la VPO pasa a ser residencia libre. En ocasiones es posible desclasificar una residencia como VPO ya antes de la terminación del periodo de valía. En un caso así, las administraciones acostumbran a demandar la devolución de las subvenciones concedidas. Como se ha advertido, no obstante, en múltiples Comunidades Autónomas no cabe la descalificación de las VPO, con lo que es permanente su restricción en coste y su destino a personas con limitados recursos económicos.


En términos generales, a fin de que una residencia sea clasificable como VPO, la Administración pública establece una serie de requisitos legales tanto para la residencia (tamaño y costo máximos) para el comprador (ingresos máximos, típicamente expresados en múltiplos del IPREM, no disponibilidad de otra residencia, empadronamiento en el territorio regido por la administración, etcétera). Cuando el número de potenciales compradores sobrepasa al de la oferta de VPO, las Administraciones acostumbran a recurrir a sorteos para decidir las adjudicaciones.


En ocasiones, el promotor es exactamente la misma Administración pública. En un caso así, se habla de VPO de promoción pública. En comparación, cuando el promotor es una entidad privada, se habla de VPO de promoción privada.


Cuando una VPO se destina a compradores de ingresos exageradamente bajos, a veces se emplea el término VPO de régimen singular. En comparación, el resto VPO se llaman VPO de régimen general.


El Plan Estatal de Residencia y Rehabilitación (dos mil nueve-dos mil doce) considera adjudicatarios con derecho a protección preferente a las unidades familiares con ingresos que no sobrepasen un par de veces y media el IPREM. Para este colectivo la forma de ejercitar el derecho constitucional a una residencia en los próximos términos:


Teniendo en cuenta que el IPREM para dos mil siete es de seis.988 Euros, resulta que dos,5 veces son diecisiete y cuatrocientos setenta y dos Euros; la tercera una parte de esta cantidad equivale a cinco mil ochocientos veinticuatro Euros anuales de endeudamiento máximo, que mensualmente suponen cuatrocientos ochenta y cinco €. Para ser adjudicatario se debe hallar una residencia por ochenta €. Una vez logrado se precisa una entidad que lo financie a veinticinco años a fin de que de este modo salgan los cuatrocientos ochenta y cinco euros mensuales. La financiación ha de ser al Euribor más 0,65, como afirma este plan mencionando a los convenios con las entidades financieras.


Pese a todo, y en el contexto de la Crisis económica de dos mil ocho-dos mil nueve, en España, la banca no da crédito. De este modo, un año tras firmar la Generalidad de Cataluña con diecinueve cajas y bancos un acuerdo para financiar pisos sociales y todavía comprometiéndose más tarde a recomprar aquellos pisos cuyos dueños no puedan hacer en frente de los pagos de la hipoteca. Para solventar este inconveniente El Ministerio de la Residencia de España y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) firmarán este mes una línea de acredites que suman un costo de seis.000 millones de euros para facilitar a cerca de cien familias la adquisición de una residencia de protección oficial


Con el propósito de fortalecer la política de residencia y respaldar al campo de la construcción la Junta de Castilla y León ha aprobado la modificación del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León


Andalucía calificó en dos mil nueve veintitres ochocientos veinticuatro Residencias de Protección Oficial, lo que forma el récord de los últimos veinte años. En dos mil nueve se concedieron setecientos treinta y seis millones de euros en créditos para la promoción de VPO en frente de los quinientos diecisiete millones concedidos en dos mil ocho, y los ochocientos ochenta y seis de dos mil siete, en plena burbuja inmobiliaria, mas cuando solo se calificaron, diez cuatrocientos sesenta VPO, en frente de las veintitres ochocientos veinticuatro de dos mil nueve. Frente a la complejidad de obtención de financiación el porcentaje en alquiler calificado en dos mil nueve fue del veinte por ciento de total, en frente de un dos por ciento de hace diez años.


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