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Aunque la declaración de ruina en una compañía es común en significado en numerosos países, su regulación está detallada conforme las leyes de la nación en que fue constituida. En España está la arriba llamada Ley 22/2003, de nueve de julio, concursal.


En Argentina, esta corporación se halla regulada en la Ley veinticuatro.522 de Concursos y Quiebras, sancionada el veinte de julio de mil novecientos noventa y cinco, decretada el siete de agosto del mismo año y publicada en el Folleto Oficial un par de días después. Dicha ley fue parcialmente cambiada por las próximas normas:



  1. Art. siete de la ley veinticuatro mil setecientos sesenta (BO,13/01/1997; Reconoce privilegio general al crédito instrumentado en Factura de crédito);
  2. Art. ocho de la ley veinticinco y ciento trece (BO, 21/07/1999; Incluye al contrato de Maquila en el régimen del art. ciento treinta y ocho de la ley veinticuatro.522);
  3. Ley veinticinco y quinientos sesenta y tres (BO, 15/02/2002; Urgencia productiva y crediticia);
  4. Ley veinticinco y quinientos ochenta y nueve (BO, 16/05/2002; Altera las leyes veinticuatro.522 y veinticinco y quinientos sesenta y tres);
  5. Ley veinticinco y seiscientos cuarenta (BO,11/09/2002; Prórroga por noventa días el plazo del art. doce de la ley veinticinco y quinientos ochenta y nueve)
  6. Ley veintiseis y ochenta y seis (BO, 11/04/2006; Altera los arts. catorce, dieciseis, veintiuno, cincuenta y seis, setenta y dos, ciento treinta y dos y ciento treinta y tres relativos a efectos del concurso precautorio y la quiebra sobre créditos laborales).
  7. Ley veintiseis y seiscientos ochenta y cuatro (BO,30/06/2011; Altera los arts. once, catorce, dieciseis, diecinueve, veinte, veintinueve, treinta y cuatro, cuarenta y dos, cuarenta y cinco, cuarenta y ocho -añade cuarenta y ocho bis-, ciento veintinueve, ciento ochenta y siete, ciento ochenta y nueve, ciento noventa, ciento noventa y uno -añade ciento noventa y uno bis-, ciento noventa y dos, ciento noventa y cinco, ciento noventa y seis, ciento noventa y siete, ciento noventa y nueve, doscientos uno, doscientos tres -añade doscientos tres bis-, doscientos cinco, doscientos trece, doscientos diecisiete, doscientos sesenta y doscientos sesenta y dos. La reforma está orientada a dar mayor protección al crédito laboral y mayor estrellato a los trabajadores y acreedores laborales en la restauración de la compañía, facilitándoles la continuación de la explotación y su siguiente adquisición bajo la manera de una cooperativa de trabajo)
Además de esto, inciden en los alcances y aplicación de las reglas de la ley veinticuatro.522, las próximas normas:

  1. Art. nueve de la ley veinticuatro.587 (BO, 22/11/1995; Representación del Estado en los juicios concursales);
  2. Art. 3º del decreto 367/1996 (BO, 11/04/1996; Registro de Concursos);
  3. Resolución General nº4241/1996 de la Administración Federal de Ingresos Públicos -AFIP- (BO,13/11/1996; Régimen de Comodidades de Pago de deudas Impositivas y Previsionales);
  4. Art. ocho de la ley veinticuatro mil setecientos sesenta y cuatro (BO, 02/01/1997, Efectos del concurso o bien quiebra en contratos festejados con la Secretaria de Hacienda);
  5. Resolución General n.º 1975/2005 de la Administración Federal de Ingresos Públicos -AFIP- (BO, 12/12/2005; Obligaciones de los síndicos frente a la AFIP);
  6. Ley veinticinco y doscientos ochenta y cuatro (BO, 2/08/2000, Régimen concursal para Entidades Deportivas);
  7. Ley veintiseis y setecientos veintitres (BO, 21/12/2011, altera el art. veintidos de la ley veinticinco y doscientos ochenta y cuatro, propagando hasta doce años la posibilidad de vigencia del fideicomiso);
  8. Resolución General n.º 970/2001 de la Administración Federal de Ingresos Públicos -AFIP- (BO,14/02/2001; Régimen de Comodidades de Pago de deudas Impositivas y Previsionales);
  9. Art. 1º de la ley veinticinco y trescientos setenta y cuatro (BO, 2/01/2001;Incluye a las mutuales como sujeto de concurso);
  10. Art. dieciocho del decreto 1384/2001 (BO, 2/11/2001; Urgencia económica);
  11. Art. treinta y tres de la ley del decreto 1387/2001 (BO, 2/11/2001; Urgencia económica);
  12. Art. 5º de la Ley veinticinco y setecientos cincuenta (BO, 7/07/2003; Excluye a determinadas empresas del procedimiento del art. cuarenta y ocho de la ley veinticuatro.522);
  13. Resolución General 17/2004 de la Inspección General de Justicia (BO, 7(09/2004; Registro de Inhabilitados por Quiebra);
  14. Art. 1º de la Ley veinticinco y novecientos setenta y dos (BO, 17/12/2004; Establece un régimen singular y comodidades de pago de la tasa de justicia en procesos concursales gestionados a lo largo de la urgencia económica).

En Chile, esta corporación se halla regulada en la ley veinte setecientos veinte de reorganización y liquidación de empresas y personas, separada por X Episodios que separan esta materia. Dicha ley está incluida en el Libro IV del Código de Comercio.


En Colombia, era la ley quinientos cincuenta de mil novecientos noventa y nueve la que establecía un procedimiento inicial por el que las compañías se acogían a exactamente la misma para buscar soluciones a su situación, si no se llegaba a una salida viable o bien se procuraba un asociado estratégico, la compañía empezaba un proceso de liquidación en el que se le daba prelación a los acreedores, siendo los accionistas los últimos en percibir alguna una parte de la liquidación.


En la actualidad, la ley quinientos cincuenta de mil novecientos noventa y nueve fue derogada y el régimen actual de insolvencia está descrito por la ley mil ciento dieciseis de dos mil seis. Esta, no obstante, no es una ley de quiebra; al contrario, es una ley que da al deudor herramientas para su restauración y la conservación de la compañía como unidad de explotación económica, de generación de empleo y célula de prosperidad para el Estado. La citada regla decreta los factores y las reglas de juego a través de las que una compañía puede entrar en régimen de insolvencia y intentar un pacto de pago con sus acreedores.


De exactamente la misma forma como existe el régimen de insolvencia empresarial, o sea para la persona jurídica, tenemos en el Régimen de Insolvencia de Persona Natural No Mercader que se hallaba regulado en la Ley mil trescientos ochenta de dos mil diez, mas dicha regla fue declarada inexequible por la Corte Constitucional hecho que dejó sin existencia dicha regla y por tal motivo fue objeto de una nueva expedición incluyéndola en el Código General del Proceso (ley mil quinientos sesenta y cuatro de dos mil doce) y si bien este comienza a regir desde el año dos mil catorce, todo lo relacionado con el Régimen de Insolvencia de Persona Natural No Mercader entró en vigencia el 1 de octubre de dos mil doce. La normatividad de tal régimen lo hallamos en los Artículos diecisiete,19, veinticuatro, veintiocho, cuarenta y uno y quinientos treinta y uno a quinientos setenta y seis del Código General del Proceso. Novedoso es la posibilidad de efectuar los pactos entre acreedores y deudores en los Centros de Conciliación o bien en las Apreciarías.

Concurso de acreedores (España)

En España, la Ley Concursal actual deja a las personas físicas negociar con los acreedores y detener la ejecución de sus recursos por deudas impagas.Los créditos hipotecarios y de consumo, como las deudas de impuestos, entre otros muchos, son obligaciones que pueden examinarse frente a la ley para abonar de buena fe sin caer en la ruina. Como solución de emergencia, la Ley Concursal, actual desde dos mil cuatro, adquiere en estos instantes un mayor estrellato frente a la subida de los modelos de interés y, por ende, de los créditos hipotecarios, y el endeudamiento de las familias españolas, que conforme un informe de la UE podría llegar en dos mil ocho al noventa y cinco por ciento del Producto Interior Bárbaro (Producto Interior Bruto). De esta forma, con esta ley, el deudor puede abrir un proceso que, inmediatamente, paraliza las demandas interpuestas por la carencia de pago y la ejecución de los recursos que se estén gestionando, al tiempo que interrumpe la acumulación de intereses en los créditos impagados. Sin embargo, es conveniente aclarar que la Ley Concursal no excusa la deuda sino prevé mecanismos para favorecer a sus titulares el pago conforme a sus posibilidades, a través de reducciones o bien un aplazamiento de 5 años.


En México, la materia es regulada por la Ley de Concursos Mercantiles, la que en su artículo dos apunta que el concurso mercantil consta de 2 etapas: Conciliación y Quiebra. La finalidad de la conciliación es conseguir la conservación de la compañía del Mercader a través de el acuerdo que subscriba con sus Acreedores Reconocidos. La finalidad de la quiebra es la venta de la compañía del Mercader, de sus unidades productivas o bien de los recursos que la integran para el pago a los Acreedores Reconocidos.


En Puerto Rico, un deudor puede beneficiarse de la protección que brinda la Ley de Quiebra acogiéndose al Capítulo siete o bien Capítulo trece. La elegibilidad para cada uno de ellos de los Episodios va a depender eminentemente del nivel de ingresos del deudor y de la diferencia que exista entre el valor en el mercado de la propiedad del deudor y el cómputo de la hipoteca. El capítulo trece de la ley de quiebras en Puerto Rico puede ser establecido por individuos asalariados, mercaderes, retirados, pensionados, y todo individuo que produzca una fuente de ingreso regular que le deje elaborar un plan de pago por un periodo de tres a cinco años. El término del plan va a depender de los ingresos y gastos familiares. Basado en sus ingresos y gastos, el plan de pago va a ser desarrollado de tal forma en la que pueda cubrir sus necesidades (agua, luz, teléfono, celular, adquiere de comestibles, cable, entretenimiento, ropa, etc) y abonar los pagos requeridos por el plan. Bajo el Capítulo siete el deudor es relevado del pago de todas y cada una de las deudas no aseguradas (tarjetas y préstamos personales). Hay ciertas deudas, como la hipoteca, préstamos estudiatiles y préstamos de retiro, entre otras muchas que no son descargables. En el Capítulo siete los acreedores asegurados, como por ejemplo: bancos hipotecarios (hipoteca de su propiedad), préstamos de auto o bien ventas de muebles por medio de venta condicional, no se ven perjudicados por la radicación del Capítulo siete y el deudor deberá decidir si prosigue pagando estas deudas mensualmente, de manera directa a los acreedores, o bien si al contrario, decide dar los recursos a los acreedores por comprender que se le torna imposible pagarlos. www.leydequiebrapr.com


El término ruina cuenta con un origen bastante textual y curioso. En la Italia del siglo XV comenzaron a brotar prestamistas y cambistas, que no tenían oficinas sino se ubicaban en lugares públicos, generalmente en las plazas y mercados más frecuentados. Allá ponían una mesa, se sentaban en un banco y procedían a mudar monedas de otros países o bien a efectuar otros manejos económicos.


Ante la carencia de una regulación y, sobre todo, ante la falta de conocimiento de la mayor parte de la gente en temas monetarios, ciertos de estos banqueros perdían liquidez suficiente para proseguir trabajando. Cuando eso sucedía, las autoridades le forzaban a romper, literalmente, el banco y la mesa donde trabajaba, a fin de que todos y cada uno de los ciudadanos conociesen la situación. De este modo, se generaba la llamada bancarotta (en italiano).[2]?


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