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Contexto económico


En mil novecientos noventa y uno, a lo largo de la presidencia de Carlos Menem, el ministro de Economía Domingo Cavallo incorporó el Plan de Convertibilidad, que determinó un género de cambio fijo donde un peso sería reemplazable por un dólar. Esto produjo una sobrevaluación del peso, que hacía que todos y cada uno de los productos importados fuesen económicos y que, al tiempo, los productos argentinos fuesen costosos para los extranjeros. Para mantener esa paridad cambiaria Argentina debió recurrir en forma indiscriminada al endeudamiento externo. De esta forma, la necesidad de dólares estadounidenses era cada vez mayor, por el hecho de que el sobreendeudamiento se empleó para mantener dicho sistema.


En octubre de dos mil, se genera la renuncia del vicepresidente Carlos Álvarez. Esta crisis institucional provocó una primera salida de depósitos del sistema bancario que ascendió a setecientos ochenta y nueve millones de pesos en el mes de octubre y a mil treinta y ocho millones en el mes de noviembre de dos mil.


El «blindaje» del FMI


Corría el mes de enero de dos mil uno y Argentina recibiría un crédito por cuarenta millones de dólares estadounidenses por la parte del Fondo Monetario Internacional para “blindar” su economía de los efectos financieros, la presión de la deuda sobre las cuentas públicas era estresante, al punto que el presupuesto nacional del año dos mil preveía destinar el veinte por ciento de los recursos al pago de la deuda externa.


El Blindaje tenía como primordiales condiciones por la parte del FMI:



  • Reforma previsional: suprimir la Prestación Básica Universal y elevar la edad jubilatoria de las mujeres.
  • Racionalización de la administración pública
  • Reducción del gasto público: en el segundo semestre de dos mil uno el gobierno ajustaría el gasto en cuatro mil millones de pesos, cifra equivalente al uno con cinco por ciento del PBI. dos.100 millones de esos cuatro mil serían recortados a las provincias. Las otras 2 partidas ajustadas serían las posibilidades a la seguridad social (jubilaciones) y los sueldos del campo público.
  • Reestructuración de la ANSES y del PAMI: se le añadía la desregulación de las obras sociales.
  • Congelamiento el gasto primario público de la Administración Nacional y Provincial.

A cambio de administrar los nuevos créditos, el Fondo Monetario Internacional no solo tomaba las atribuciones del Poder Ejecutivo, sino asimismo condicionaba al Parlamento. Para ese entonces, muchas de las reformas impuestas por el Fondo Monetario Internacional habían sido instrumentadas por decreto.


A inicios del mes de noviembre, el país negoció con el Fondo Monetario Internacional un millonario blindaje financiero, con aportes del BID, del Banco Mundial, del Gobierno de España (el mayor inversor extranjero de la Argentina) y de un conjunto de bancos comerciales que operaba en el país. Este programa preveía apoyo financiero que se iba a pagar durante los años dos mil uno y dos mil dos. Para eludir el Default, aparte de conseguir que se concreten esos desembolsos era preciso que los bancos comerciales cumpliesen con su compromiso de renovar los diez millones de dólares estadounidenses de Letras del Tesoro que vencían a lo largo de dos mil uno y que además de esto el mercado proveyese fondos frescos para abonar la amortización de capital que se generaba a lo largo del año, de más o menos siete mil millones auxiliares. El único destino de ese dinero sería el pago de deudas, para acrecentar la confianza de los inversores y, en consecuencia, bajar el costo del financiamiento para el Gobierno y el ámbito privado.


Sin embargo, el «blindaje» solo dejó revertir el retiro de depósitos hasta marzo de dos mil uno. A inicios de ese mes empezaron a circular patentizas de que Argentina no conseguiría cumplir con las metas de gasto público y déficit fiscal comprometidas con el Fondo Monetario Internacional, con lo que peligraban los futuros desembolsos. Los cotilleos de Default se reiniciaron y con ellos la salida de depósitos: a lo largo del mes de marzo se generó una fuga de depósitos de cinco mil quinientos cuarenta y tres millones de pesos/dólares, la mayor salida mensual de depósitos de toda la historia Argentina. En ese contexto se genera la renuncia del ministro de Economía José Luis Machinea y su remplazo por Ricardo López Murphy. Cuando el nuevo ministro anuncia su programa de ajuste fiscal para el resto del año por dos mil millones de pesos, incluyendo recortes de fondos para áreas como salud o bien educación, se genera una fuerte reacción popular y la renuncia de múltiples miembros del gabinete nacional, lo que acentúa los pronósticos negativos. El propio ministro López Murphy se ve forzado a desamparar el Gobierno solo quince días tras haber asumido en su puesto.


En ese contexto, Fernando de la Rúa ofrece el cargo de ministro de Economía a Domingo Cavallo, estimando que era el único capaz de conducir al país cara la reactivación económica. Como primera medida Cavallo logró firmar, en el mes de mayo, un pacto con el Fondo Monetario Internacional, pese a no haberse cumplido las metas de gasto público y déficit fiscal planteadas para el primer trimestre de dos mil uno./P>

Sin embargo, para el mes de julio ya era evidente que las provincias no lograrían nuevo financiamiento de los bancos y que el gobierno nacional había perdido el acceso al mercado de bonos.

Torre del Banco de la Provincia de la ciudad de Buenos Aires en la Capital Federal. La situación de las deudas provinciales era más compleja de solucionar que la de la deuda nacional.

Por pedido del Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional aprobó una delegación de facultades, si bien con una restricción importante: no autorizó a afectar la colecta impositiva como garantía de la deuda pública, pese a que sí aprobó la creación del Fondo de Crédito Público a integrarse con el producido del Impuesto a las Transacciones Financieras. La restricción al empleo de impuestos como garantía decidida por el Congreso, impedía ofrecer un canje que incluyese a la deuda pública provincial, pues esta ya estaba garantizada por los impuestos de la Coparticipación Federal y ningún tenedor de esa deuda la hubiese canjeado por bonos nacionales no garantizados. Tampoco se podía apuntar a reducir la tasa de interés, pues la ausencia de garantías singulares forzaba a ofrecer tasas de mercado para que los tenedores de bonos nacionales accediesen de manera voluntaria al canje.Por tanto, el llamado «megacanje» debió diseñarse excluyendo a la deuda pública provincial y como operación a tasas de mercado.


Domingo Cavallo al lado de Federico Sturzenegger firmaron el Decreto 648/01 que habilitó la operación del megacanje. Conforme los especialistas, el Megacanje aumentó el monto de la deuda en cincuenta y tres mil millones de dólares estadounidenses sumado capital y también intereses. Por esta operación fue procesado por la justicia Argentina en el marco de la causa por el Megacanje de De La Rúa, al lado del banquero estadounidense David Mulford, fugitivo de la Justicia.


El Blindaje y el Megacanje ocasionaron un incremento del endeudamiento externo. Ya antes de esta operación cara finales del año dos mil, la deuda externa del país ascendía a los ochenta millones de dólares estadounidenses. Con posterioridad al Mega-Canje, la deuda externa aumentaría hasta los ochenta y ocho millones de dólares americanos y alcanzaría ciento dos mil millones de dólares americanos. Ya antes del Megacanje Argentina debía abonar en el periodo dos mil uno-dos mil treinta y uno por los vencimientos de su deuda un valor que alcanzaba los sesenta y quinientos millones de dólares estadounidenses. Después del Megacanje, ese valor se acrecentaría en un sesenta y tres por ciento y llegaría a los noventa y ocho y cuatrocientos millones de dólares americanos. Además de esto, la deuda pública total pasaría de los ciento veinticuatro mil cuatrocientos millones de dólares estadounidenses a los ciento veintiseis mil seiscientos millones de dólares estadounidenses. Por su lado, los intereses de la deuda escalarían de ochenta y dos y trescientos millones de dólares americanos hasta los ciento veinte setecientos millones de dólares estadounidenses.


Domingo Cavallo consiguió persuadir a múltiples gobernantes justicialistas a fin de que avalasen la iniciativa, muchos de los que expresaron su apoyo ante el presidente De la Rúa. in embargo, para aquel entonces el presidente no contaba con el aval de la Coalición en el Congreso en tanto que este proyecto era visto como una resignación de soberanía.


Durante la primera semana de julio de dos mil uno, la provincia de la ciudad de Buenos Aires y otras provincias de manera fuerte endeudadas, declararon que para el segundo semestre tenían una necesidad financiera conjunta no inferior a los tres mil millones de dólares americanos y requirieron apoyo del gobierno nacional para lograr trescientos millones a lo largo de esa semana. Pese al apoyo brindado por el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete, no fue posible lograr esa cantidad y el Banco de la Nación acabó haciendo un préstamo para el que no tenía recursos auténticos. Por semana siguiente, la licitación de letras del Tesoro nacional determinó una tasa de corte del dieciseis por ciento anual para plazos de ciento ochenta días.


Ante esta situación, Cavallo lanzó el programa de «déficit cero», conforme el que la colecta eficaz de cada mes se aplicaría primeramente al pago de los intereses de la deuda y el saldo se usaría para el resto de los gastos del campo público. Este programa llevó al ministro a aplicar una reducción de sueldos y jubilaciones del trece por ciento que trajo aparejada una nueva profundización de la crisis asociado-económica que vivía el país. Pese a estos anuncios, volvieron a aparecer las dudas sobre la capacidad de la Argentina para encarar las amortizaciones de capital de la deuda provincial, como de la parte todavía no aplazada de la deuda nacional. Estas dudas provocaron una nueva salida de depósitos bancarios que ascendió a cinco mil doscientos sesenta y ocho millones de pesos a lo largo de julio y a dos mil noventa y uno millones de pesos a lo largo de agosto.


La nueva crisis de confianza liberada en el mes de julio requirió una nueva negociación con el Fondo Monetario Internacional para movilizar apoyos externos que dejaran frenar la salida de reservas del Banco Central y del sistema de finanzas.Esta negociación debía incluir no solamente la Ley de Déficit Cero sino más bien asimismo una reestructuración completa de la deuda nacional y provincial que dejase bajar la carga de intereses que pagaba el país en el 2001: se debía bajar de catorce cero millones de dólares estadounidenses (once cero la Nación y tres mil las provincias) a no más de siete mil millones de dólares americanos (cinco mil quinientos la Nación y mil quinientos las provincias). Estas negociaciones fueron complejas yconcluyeron con la aprobación de un nuevo préstamo de ocho mil millones de dólares estadounidenses, de los que cinco mil millones fueron pagados el diez de septiembre para fortalecer la liquidez del Banco Central y del Sistema Financiero, y tres mil millones quedaron para ser pagados entre noviembre de dos mil uno y marzo de dos mil dos como apoyo a la reestructuración de la deuda. Además de esto seguían en vigencia los desembolsos pendientes del «blindaje»./P>

El lanzamiento de la reestructuración de la deuda debió retardarse hasta el 1 de noviembre debido a las numerosas voces que planteaban el Default a lo largo de la campaña electoral que acabó el catorce de octubre. Para avanzar con la reestructuración de la deuda era preciso contar con la autorización para usar los impuestos, particularmente el Fondo de Crédito Público, como garantía de pago. Después de la elección de octubre, el presidente Fernando de la Rúa estimó que se daban las condiciones de necesidad y emergencia para legislar sobre el programa de reestructuración de deuda pública nacional y provincial usando los mecanismos que en esa circunstancia la Constitución nacional da al Ejecutivo.


El 1 de noviembre fue firmado el Decreto de Necesidad y Emergencia mil trescientos ochenta y siete, que dejó llevar delante inmediatamente el canje de la deuda pública nacional y provincial por préstamos garantizados por impuestos federales. Esta iba a ser la fase 1 de un canje integral de la deuda pública nacional y provincial que quedaría completado cuando, con pacto del Fondo Monetario Internacional y demás organismos multilaterales de crédito, se pudiese hacer la Fase dos, para intercambiar todos y cada uno de los bonos a cargo de tenedores externos.


La Fase 1 de la reestructuración integral de la deuda se realizó entre el 1º de noviembre y el quince de diciembre y quedó concluida ese día por un importe de cincuenta y cinco cero millones de dólares estadounidenses, a una tasa de interés no superior al siete por ciento anual y con plazos tres años más largos que los originalmente pactados. Esta triunfante operación significó para la Nación y las provincias en conjunto una reducción de más de cuatro mil millones de dólares estadounidenses de intereses anuales (dos mil millones la Nación y dos mil millones las provincias) y un corrimiento de todas y cada una de las cuotas de amortización para tras el año dos mil cinco.


Quedaron en circulación cuatro mil treinta y uno millones de dólares estadounidenses de bonos surgidos del Megacanje, por el hecho de que de los treinta y doscientos veintiuno millones de dólares americanos que había en circulación al seis de noviembre, fueron transformados en préstamos garantizados veintiseis y ciento noventa millones de dólares estadounidenses. Se puede destacar que los préstamos garantizados se rigen por la ley Argentina, o que prueba que lo que procuran los acreedores es seguridad de que cobrarán y no resignación de soberanía por la parte de Argentina. Solo están interesados en esta última, cuando la dirigencia política le manda la señal de que no existe voluntad de pago, como había ocurrido en el mes de marzo, cuando el Congreso Nacional se negó a ofrecer la colecta impositiva como garantía./P>

Cuando se lanzó la fase 1 de la reestructuración de la deuda, los bancos locales empezaron a apuntar que la carencia de liquidez de los préstamos garantizados podría crearles inconvenientes de caja. La prensa empezó a apuntar a los bancos que más habían prestado a las provincias como los que podrían hallar contrariedades y esto provocó una nueva salida de depósitos del Sistema Bancario. Al tiempo que en el mes de septiembre y octubre el nivel de depósitos se había mantenido estable, a lo largo del mes de noviembre se generó una salida de dos.917 millones de dólares estadounidenses, concentrada esencialmente en la última semana del mes, que es cuando arreciaron los cotilleos y los bancos debían solucionar si se presentaban o bien no en la fase 1 del canje.


Para frenar esta nueva salida de depósitos no existía otra opción alternativa que finalizar de forma exitosa la reestructuración integral de la Deuda Pública Nacional y Provincial, en el más breve plazo posible. En este contexto, se empezó una nueva negociación con el Fondo Monetario Internacional para conseguir los desembolsos pendientes del "blindaje"y los tres.000 millones de dólares americanos que habían sido aprobados en el mes de agosto, exactamente para respaldar la reestructuración de la deuda. La única demanda del Fondo Monetario Internacional era la presentación frente al Senado de la Nación de un proyecto de la Ley de Presupuesto Nacional para el año siguiente. En una asamblea de gobernantes convocada por el Miembro del Senado Ramón Puerta, consiguieron un pacto sobre el proyecto de ley de Coparticipación Federal de Impuestos al que se daría estado parlamentario ya antes de final de año.


En el proyecto de Ley de Presupuesto del Poder Ejecutivo, se había incluido una partida de cinco mil quinientos millones de dólares estadounidenses para intereses (precisamente la mitad de lo presupuestado para el dos mil uno) en conjunto pacto con los resultados que se aguardaba conseguir del programa integral de reestructuración de deuda. Con la implementación de la fase dos y el canje de los cuarenta millones de dólares estadounidenses en bonos que no habían entrado en la fase 1, esa sería la cantidad de intereses./P>

El diecinueve de diciembre debía formarse la nueva Comisión de Presupuesto de la Cámara de Miembros del Congreso de los Diputados de la Nación para empezar la discusión en presencia del secretario de Hacienda, doctor Jorge Baldrich el día veinte. Si se conseguía aprobar el presupuesto a lo largo de la segunda semana de enero, el Fondo Monetario Internacional y los otros organismos internacionales de crédito iban a dar su apoyo para la fase dos de la reestructuración que tenía data de lanzamiento el quince de enero de dos mil dos y también iba a ser completada entes del quince de febrero del mismo año./P>

Sin embargo, la crisis del dos mil uno frenó la discusión en la Cámara de Miembros del Congreso de los Diputados, y tras la renuncia del Presidente Fernando de La Rúa el país entró en una crisis institucional que impidió que el proceso prosiguiera.


El Mega-Canje pretendía calmar los pagos de intereses y de capital de la deuda externa argentina, intercambiando la deuda por una nueva que dejara abonar en un plazo mayor. No obstante, ese canje iba a tener un costo descomunal y también implicaría proseguir acrecentando la deuda externa. La propuesta, procedía de un banquero: David Mulford, ex- secretario del Tesoro de los U.S.A., que por ese entonces trabajaba para el banco Credit Suisse First Boston. La propuesta sería recibida por el entonces Ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, y su Secretario de Política Económica Federico Sturzenegger.

Domingo Cavallo, exministro de Economía de Menem, fue designado en el tercer mes del año de dos mil uno ministro de Economía de De la Rúa. Fue procesado por el Megacanje. Su resolución de imponer el Corralito fue uno de los antecedentes directos del estallido social. Renunció en pleno estallido, en la madrugada del veinte de diciembre.

Durante el año dos mil seis el juez Jorge Ballestero procesó a Fernando de la Rúa, Domingo Cavallo y múltiples miembros de su equipo por el megacanje. En dos mil doce, el juez federal Martínez de Giorgi solicitó una orden de atrapa internacional sobre David Mulford(en), ex- secretario del Tesoro de USA, al declararlo en rebeldía por ignorar múltiples convocatorias a indagatoria.


Domingo Cavallo, entre otros muchos promotores del Megacanje, fue de nuevo procesado el tres de enero de dos mil catorce por el juez federal Sebastián Ramos en la causa en la que se estudia la operación de canje de bonos efectuada. La operación consistió en un canje de bonos con la intención de retrasar los plazos de pago de la deuda a cambio de un esencial incremento en los intereses y en el monto del capital adeudado, y además de esto, abonando a los bancos colocadores comisiones millonarias. El juez firmó el procesamiento de Jorge Amadeo Baldrich –ex Secretario de Hacienda, Julio Dreizzen -ex- Subdirector de Financiamiento, Horacio Liendo -ex- consultor de Cavallo-, Norberto López Isnardi –ex Directivo Financiación Externa de la Oficina Nacional de Crédito Público-, Ernesto Alberto Marcer –ex Procurador del Tesoro de la Nación-, Carlos Federico Molina –ex Directivo Nacional de Crédito Público- y Guillermo Mondino –ex Jefe de Gabinete de Aconsejes del Ministro de Economía-, y de Federico Sturzenegger -ex- Secretario de Política Económica-.


Ramos los procesó, sin cárcel precautoria, por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, puesto que, los ex- funcionarios se interesaron en un negocio que favoreció a terceros, en un caso así, los bancos.Asimismo se estudió el hecho de que se habría pactado con los bancos el coste de corte que iban a tener los bonos. El "Megacanje" aumentó, conforme a las proyecciones, el monto de la deuda pública argentina en cincuenta y tres mil millones de dólares estadounidenses sumado capital y también intereses.


Inicialmente todos fueron suspendidos de la causa en el primer mes del verano de dos mil catorce, cuando los camaristas Horacio Cattani, Eduardo Farah y Martín Irurzun dispusieron el sobreseimiento de los implicados. Mas el veintinueve de abril de dos mil quince el Tribunal de Casación integrado por Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Ana María Figueroa, desetimó los sobreseimientos y remitió el caso al juez federal de primera instancia Sebastián Ramos. El doce de julio de dos mil dieciseis Dreizzen y Sturzenegger fueron suspendidos, declarándose que no habían participado en la operación. El fallo de sobreseimiento fue confirmado por la Sala II de la Cámara Nacional en lo Delincuente y Correccional el nueve de septiembre de dos mil dieciseis . Dicho fallo se halla firme.


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