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Para compensar la pérdida de ingresos que se deriva del cese laboral, al adjudicatario de la jubilación se le reconoce una prestación económica que acostumbra a consistir en una renta mensual. La prestación es de por vida y solo se extingue con la muerte del interesado. El monto de la prestación puede fundamentarse en diferentes criterios: por poner un ejemplo, con el criterio actuarial, se establece con relación a la cantidad y monto de las cotizaciones realizadas; con un criterio de substitución, se establece desde un determinado porcentaje del monto de los ingresos a lo largo de la vida laboral.


En los sistemas jubilatorios públicos, para acceder a una jubilación es preciso cumplir requisitos de edad (en general en torno a los sesenta-sesenta y cinco años) o bien acceder a una jubilación adelantada por razones de invalidez. Por otra parte, en el caso de tratarse de un sistema contributivo, el acceso acostumbra a depender de haber cumplido con un mínimo de años cotizados a la seguridad social.


El envejecimiento de la población en numerosos países debido al incremento de la expectativa de vida y la caída de la tasa de fertilidad en el marco de la transición demográfica, produce tensiones en el financiamiento de los sistemas de pensiones contributivos en la medida que se altera la proporción entre impositores y adjudicatarios. En este marco, el envejecimiento es habitualmente una parte de las fundamentaciones sobre la supuesta necesidad de privatizar los sistemas jubilatorios, como de rehabilitarlos en un sentido restrictivo (generalmente a través de el aumento de la edad jubilatoria).


El antecedente primero que se halla sobre pensiones y jubilaciones en la Argentina, es en mil novecientos diecinueve, en la provincia de Tucumán, un proyecto del miembro del Congreso de los Diputados Alberto Aybar Augier "llamado proyecto humanitario" En mil novecientos diecinueve, los ancianos o bien desvalidos no recibían ayuda alguna del Estado. De ahí que formó una positiva novedad el proyecto que el doctor Alberto Aybar Augier (mil ochocientos ochenta y cinco-mil novecientos cincuenta) presentó ese año a la Cámara de Miembros del Congreso de los Diputados de Tucumán, de la que era presidente. Planteaba que "toda persona nativa del territorio de la provincia, que hubiere llegado a los setenta años o bien a cualquier edad en el caso de invalidez absoluta y también indigencia, está en su derecho a percibir del Estado una pensión mínima de trescientos sesenta pesos por año, o bien su equivalente en asistencia directa o bien indirecta".


El presidente Perón y las jubilaciones a nivel nacional


En mil novecientos cuarenta y cuatro, solo el siete por ciento de la población a nivel económico activa estaba afiliada a las diferentes cajas de jubilaciones. Con el impulso de Juan Perón, desde la Segregaría de Trabajo y Previsión y después desde la presidencia de la Nación, ese porcentaje aumentó de forma rápida con la creación de la Caja para Empleados de Comercio y la del Personal de la Industria, a las que después proseguirían las de trabajadores rurales, personal familiar, autónomos, profesionales y empresarios. En menos de una década, la totalidad de la población activa había quedado cubierta. Los fondos en buena medida fueron puestos en títulos públicos de largo plazo.


Las cajas creadas funcionaron en forma independiente y dieron un superávit muy elevado


El diecisiete de octubre de mil novecientos cuarenta y cinco, Perón declaraba que el beneficio de la jubilación había sido extendido a un millón y medio de trabajadores, entre ellos los empleados de comercio. "Recién pudimos comprometerlo (a Angel Borlenghi, secretario general del sindicato de empleados de comercio) tras lograrle la jubilación para los empleados de comercio, una vieja aspiración del gremio" (declaraciones del coronel Mercante reproducidas en Sindicalismo y peronismo, de Hugo del Campo, Editorial Clacso)


Hubo, desde mil novecientos noventa y tres a noviembre de dos mil ocho un sistema jubilatorio mixto con un componente privado y uno público. Bajo el gobierno de Carlos Menem se instituyó un nuevo sistema, constituido por agentes conocidos como Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). Los trabajadores podían decantarse por cotizar a un sistema de reparto estatal o bien a uno de capitalización privada, quedando asignados al sistema de capitalización en el caso de no manifestar una elección explícita. Las jubilaciones de los cotizantes a este sistema se formarían, al instante de jubilarse, por una prestación que resultaba de la capitalización de su fondo personal de cotizaciones, y una prestación básica aportada por el sistema público. Aunque en pocos años la mayoría de los cotizantes quedaron en el sistema de capitalización privada, el Estado (que ya no recibía las cotizaciones que eran anteriormente el financiamiento del sistema) debía proseguir cumpliendo con sus obligaciones para con los retirados ya existentes, carga que se conoció como costo de transición. Cada AFJP percibía una comisión, deducida del aporte previsional obligatorio de los afiliados, y administraba la inversión del capital amontonado. Su funcionamiento estaba regulado por la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (SAFJP), bajo la órbita del Ministerio de Trabajo. Cuando el Estado argentino debió endeudarse, lo hizo por el mecanismo de meterles bonos a las AFJP con tasas de interés altísimas. Eso nutrió el proceso regresivo, en tanto que el ámbito privado, cuando iba a buscar plata al ámbito financiero, se hallaba con tasas altísimas en tanto que a los bancos les convenía prestarle al Estado


Con la crisis económica de dos mil uno, el sistema quedó plenamente desnaturalizado, con las AFJPs dando rentabilidades negativas mas sin parar de cobrar sus comisiones, lo que produjo la lógica reacción de la sociedad. El sistema fue eliminado en el mes de noviembre de dos mil ocho bajo el gobierno de Cristina Kirchner, volviendo a un sistema estatal unificado, que ahora se llamaría Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).


Plan de Inclusión Previsional


El Plan de Inclusión previsional, basado primordialmente en una moratoria previsional, consistió en una política de inclusión masiva al sistema de jubilaciones que dejó a personas en edad jubilatoria que no contaban con el mínimo de cotizaciones requerido, acceder a una jubilación anulando su deuda en cuotas (que se descontaban de exactamente los mismos montos jubilatorios a percibir).En los hechos el sistema se formó en una ocasión masiva de acceso no contributivo, que expandió la cobertura previsional del país sensiblemente entre dos mil tres y dos mil catorce. En dos mil catorce, se creó una nueva moratoria para sostener actual el perfil inclusivo del sistema previsional en nuevas cohortes de adultos mayores.


Esto último representó un arma de doble filo: por una parte dejó que bastante gente (amas de la casa, por poner un ejemplo) accedan a una compensación económica y favoreció el consumo minorista, mas representó un desembolso del Estado esencial que complicó las finanzas públicas, lo que unido a una elevada informalidad (del orden del cuarenta por ciento de la población a nivel económico activa) llevó al sistema previsional argentino a seguir sus inconvenientes crónicos.


La jubilación en México es establecido, esto es, no está contemplada en la Ley sino más bien en las convenciones individuales o bien colectivas como por poner un ejemplo en los Acuerdos Colectivos - conocidos asimismo de qué forma Contratos Colectivos de Trabajo - festejados entre PEMEX y el Sindicato Petrolero; CFE y el Sindicato de Electricistas; IMSS y su Sindicato. En el pasado venía asimismo en la Ley del ISSSTE que fue derogada en el mes de marzo de dos mil siete y en la nueva Ley ya no aparece esta figura. Es esencial mentar que el sistema paragacutirimucuar


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