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El Banco de España define la hipoteca inversa como un crédito o bien préstamo garantizado con una hipoteca que recae en la residencia frecuente (asimismo sobre otras residencias, mas, en un caso así, las posibles ventajas o bien beneficios fiscales serían menores), concedido, de una sola vez o bien mediante posibilidades periódicas, a una persona que ha de ser mayor de una determinada edad —a partir de sesenta y cinco años— o bien acreditar un grado de discapacidad (igual o bien superior el treinta y tres por ciento ) o bien dependencia (dependencia severa o bien gran dependencia), no siendo exigible su devolución hasta el instante de su fallecimiento. Del revés que en una hipoteca normal, la deuda no va reduciendo con el tiempo, sino más bien incrementando hasta el momento en que un tercero —los herederos del inmueble— opta por aceptarla como propia, en el caso de interesarle sostener la propiedad del inmueble.


La normativa legal la define como un préstamo o bien crédito hipotecario con el que el dueño de la residencia efectúa disposiciones, periódicas o bien en forma de cobro único, hasta un monto máximo determinado por un porcentaje del valor de tasación en el instante de la constitución, y al alcanzarse dicho porcentaje se deja de contar con de la renta si bien la deuda prosigue produciendo intereses.


La hipoteca inversa ha de ser concedida por una entidad financiera o bien una entidad compañía de seguros y el demandante y los adjudicatarios que este pueda designar han de ser mayores de sesenta y cinco años o bien perjudicados de dependencia severa o bien gran dependencia.


Se demanda que la tasación de la residencia sea efectuada por una sociedad de tasación y que el inmueble se halle asegurado contra daños. Como es lógico, el importe del crédito, y, en consecuencia, la cuantía a percibir, va a depender del valor resultante de la tasación, del género de residencia a hipotecar y de su destino (frecuente, vivivienda secundaria, residencia alquilada a un tercero,...), de la edad de la persona que subscriba la hipoteca, y de la manera de percepción (capital único, renta temporal o bien renta de por vida).


Una vez fallecido el deudor hipotecario o bien el último adjudicatario, corresponde a los herederos liquidar la situación con la entidad financiera. Van a poder decantarse por anular completamente el crédito hipotecario, para lo que van a deber satisfacer a la entidad financiera la totalidad de los débitos vencidos más los intereses, sin que la entidad pueda en estos casos demandar ninguna compensación por la cancelación de la hipoteca. Esta cancelación puede generarse a través de el empleo de fondos propios de los herederos, a través de la refinanciación de la deuda contraída (p.e., con un préstamo hipotecario) o vender la residencia.


En el presunto de que los herederos no deseen, o bien no puedan, anular el crédito hipotecario, la entidad financiera va a poder ejecutar la hipoteca y resarcirse de esta forma de los débitos vencidos, con sus intereses, teniendo presente que en un caso así la hipoteca responde de los intereses incluso cuando estos se hayan generado en plazo superior a 5 años. Sin embargo, la entidad solo va a poder conseguir el recobro hasta donde alcancen los recursos de la herencia, sin que la entidad de finanzas pueda ejecutar el cobro con otro patrimonio personal de los herederos.


En España se encuentra regulada por la Ley 41/2007, de siete de diciembre, por la que se altera la Ley 2/1981, de veinticinco de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario y otras reglas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determinada regla tributaria (reforma del mercado hipotecario, «BOE» núm. doscientos noventa y cuatro, de ocho de diciembre de dos mil siete).


En el apartado cuatro de la predisposición auxiliar primera (que contiene la «regulación relativa a la hipoteca inversa»), se demanda que las entidades financieras y las entidades empresas de seguros autorizadas para operar en España que concedan hipotecas inversas provean servicios de asesoramiento independiente a los demandantes de este producto bancario, con el objetivo de asegurar los derechos de los clientes del servicio y su adecuación a sus necesidades económicas y financieras. Esa tarea de asesoramiento generalmente la efectúan empresas especializadas que trabajan para los clientes del servicio particulares.


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