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ıllı Fondo Piadoso de las Californias (wikinfo)

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Al principio, el fondo tenía solo treinta y siete con cero pesos, que fue suficiente para fundar una misión en Loreto. Las donaciones siguientes y más extensas fueron hechas por el Marqués de Villapuente de la Peña y su prima y esposa la Marquesa de las Torres de Rada así como la Duquesa consorte de Béjar y Gandía, y tomaron la manera de pactos tomados por los donantes de sostener la propiedad donada perpetuamente para las misiones, y dedicar la renta de ella a esa finalidad. Donaron haciendas con valor de doscientos con cero pesos en mil setecientos treinta y cinco, tras un alzamiento de los Indios de la Baja California en mil setecientos treinta y cuatro-treinta y cinco.

Juan María de Salvatierra

En mil setecientos diecisiete los capitales de casi todas las donaciones se entregaron a los jesuitas, y desde ese año hasta la expulsión de la Compañía de Jesús de México el Fondo Piadoso fue administrado por ellos. En mil setecientos sesenta y ocho, con la expulsión de todos y cada uno de los miembros de la Compañía del territorio de España por la Pragmática Sanción de Carlos III de España, la corona de España aceptó la administración del fondo, vendiendo ya irregularmente ciertas propiedades del mismo y el resto las sostuvo hasta el momento en que se consiguió la independencia mexicana en mil ochocientos veintiuno.

Padre misionero Eusebio Francisco Kino.

Durante este periodo (mil setecientos sesenta y ocho-mil ochocientos veintiuno) las tareas misioneras en California se dividieron, el territorio de la Alta California se confió a los franciscanos, y el de la Baja California a los dominicos. Ya antes de la expulsión de los jesuitas se habían fundado 13 misiones en la Baja California, y para el año mil ochocientos veintitres los franciscanos habían establecido 21 misiones en la Alta California. En mil ochocientos veintitres el recién establecido Gobierno de México aceptó la administración del fondo y prosiguió administrándolo hasta mil ochocientos cuarenta.

Armas del Marqués de Villapuente de la Peña.

En mil ochocientos treinta y seis México aprobó una ley autorizando una solicitud a la santa Sede para la creación de un obispado en California, y declarando que a su creación “la propiedad perteneciente al Fondo Piadoso de las Californias sería puesta a la predisposición del nuevo prelados y sus sucesores, para ser gestionado por ellos y empleado para sus fines, o bien otros afines, respetando siempre y en todo momento los deseos de sus fundadores”.


En contestación a esta solicitud, el Papa Gregorio XVI, en mil ochocientos cuarenta, erigió una diócesis en California y nombró a Francisco García Diego y Moreno (entonces presidente de las misiones de las Californias) como primer prelados de la diócesis. Poco tras su consagración, México entregó las propiedades del Fondo Piadoso al prelados García Diego, y fueron tenidas y administradas por él hasta mil ochocientos cuarenta y dos, cuando el general Antonio López de santa Anna, Presidente de México, decretó un decreto anulando la predisposición arriba mentada de la ley de mil ochocientos treinta y seis, y ordenando que el gobierno se hiciese nuevamente cargo del fondo.


Las propiedades del fondo fueron entregadas por la fuerza al gobierno mexicano en el mes de abril de mil ochocientos cuarenta y dos, y el veinticuatro de Octubre de ese año se decretó un decreto por el General santa Anna ordenando que las propiedades del fondo se vendiesen, venta que se hizo ilegalmente, infringiendo las condiciones de perpetuidad impuestas por sus donantes, eminentemente por el Marqués de Villapuente de la Peña, primordial benefactor del Fondo, y que el producto se incorporara al tesoro nacional, y además de esto disponía que la venta fuera por una cantidad que representase la renta anual de las propiedades capitalizada al 6 por ciento al año. El decreto disponía que “el erario público va a reconocer una deuda del 6 por ciento al año sobre el producto total de la venta” y empeñaba particularmente el impuesto del tabaco para el pago de esa cantidad “para hacer los fines a que dicho fondo está destinado”.


Por el Tratado de Guadalupe Noble de dos de febrero de mil ochocientos cuarenta y ocho, el Alto México se cedió a U.S.A. por México, y todas y cada una de las reclamaciones de ciudadanos de los E.U. contra la República de México que se habían amontonado hasta ese momento fueron satisfechas por los términos del tratado.


Tras el tratado de Guadalupe Noble (y en verdad a lo largo de ciertos años ya antes) México no hizo pagos en beneficio de las misiones. El arzobispo y obispos de California demandaron que, como ciudadanos de los USA, tenían derecho a solicitar y percibir de México en beneficio de las misiones en sus diócesis una proporción conveniente de las cantidades que México había asumido abonar en su decreto legislativo de veinticuatro de octubre de mil ochocientos cuarenta y dos. Por un acuerdo entre U.S.A. y México, concluido el cuatro de julio de mil ochocientos sesenta y ocho, y decretado el 1 de febrero de mil ochocientos sesenta y nueve, se creó una Comisión Mixta Americano-Mexicana de Reclamaciones para estimar y decidir la valía de las reclamaciones sostenidas por ciudadanos de un país contra el Gobierno del otro que se habían presentado entre la data del tratado de Guadalupe Noble y la data del acuerdo que creaba la comisión. A esta comisión presentaron, en mil ochocientos sesenta y nueve, los obispos de la Alta California sus reclamaciones contra México por la una parte del interés de 21 años sobre el Fondo Piadoso (amontonado entre mil ochocientos cuarenta y ocho y mil ochocientos sesenta y nueve) pagadero conforme los términos del decreto de santa Anna de mil ochocientos cuarenta y dos, en lo que correspondía proporcionalmente a las misiones de la Alta California (al haber continuado la Baja California en territorio mexicano).


Al someterse esta reclamación a resolución los comisionados mexicanos y norteamericanos no se pusieron conforme sobre su conveniente resolución, y se remitió al árbitro de la comisión, Sir Edward Thornton, entonces embajador británico en Washington. El once de noviembre de mil ochocientos setenta y cinco, el árbitro dio un fallo conveniente al arzobispo y los obispos de California.


Según ese fallo, el valor de los fondos en la temporada de su venta en mil ochocientos cuarenta y dos se fijó por último en 1.435.033 dólares americanos . El interés anual de esta cantidad al 6 por ciento (la tasa fijada en el decreto de mil ochocientos cuarenta y dos) ascendía a 86.101’98 dólares americanos y por los 21 años entre mil ochocientos cuarenta y ocho y mil ochocientos sesenta y nueve totalizaba 1.808.141’58 dólares americanos . El árbitro mantenía que de esta cantidad, la mitad había de ser la pertinente equitativamente a las misiones de la Alta California, ubicadas en territorio de Norteamérica, y en consecuencia concedía a los U.S.A. por cuenta del arzobispo y los obispos de California novecientos cuatro.070’79 dólares americanos .


Esta sentencia fue pagada en oro por México conforme con los términos del acuerdo de mil ochocientos sesenta y ocho, en 13 plazos anuales. No obstante, México discutió su obligación de abonar ningún interés amontonado tras el periodo cubierto por el fallo de la Comisión Mixta de Reclamaciones (esto es, tras mil ochocientos sesenta y nueve), y se abrieron negociaciones diplomáticas entre el Gobierno de los E.U. y el Gobierno de México, que resultaron, tras ciertos años, en la firma de un protocolo entre los 2 gobiernos el veintidos de mayo de mil novecientos dos, por el que la cuestión de la responsabilidad de México se sometía a la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. Esta fue la primera polémica internacional sometida al Tribunal. Conforme los términos del protocolo, el Tribunal Arbitral debía decidir, primero si la responsabilidad de México de hacer pagos anuales a los U.S.A. por cuenta de los obispos católicos de California se había transformado en res judicata por el fallo de la Comisión Mixta de Reclamaciones, y segundo, si no, si era justa la reclamación de los E.U., de que México tenía la obligación de proseguir semejantes pagos.


Veredicto del Tribunal de La HayaEditar


El catorce de octubre de mil novecientos dos, el Tribunal de La Haya publicó un fallo juzgando que la responsabilidad de México estaba establecida por el principio de res judicata, y en razón de la sentencia arbitral de Sir Edward Thornton, como árbitro de la Comisión Mixta de Reclamaciones; que en consecuencia el Gobierno Mexicano tenía la obligación de abonar a los USA, para el arzobispo y obispos católicos de California la cantidad de 1.402.682’67 dólares americanos , en cumplimiento de las anualidades que se habían amontonado desde mil ochocientos sesenta y nueve hasta mil novecientos dos, y que tenía la obligación auxiliar de abonar “perpetuamente” una anualidad de 43.050’99 dólares americanos en moneda de curso legal en México. El Gobierno de México desde la data del fallo de La Haya ha cumplimentado sus disposiciones, y paga anualmente al Gobierno de los E.U., en plata mexicana, para los obispos católicos de California, la cantidad que se juzgó se debía como anualidad “perpetua”.


Esto fue de esta manera hasta mil novecientos sesenta y siete. Como recuerda el Informe de Gobierno del presidente mexicano Gustavo Díaz Ordaz: A través de el pago de Dls. 716,546.00 al fin quedó liquidada la vieja reclamación que el Gobierno de los E.U. de Norteamérica tenía contra el nuestro en el caso del llamado Fondo Piadoso de las Californias, liberándonos de esta manera del pago perpetuo de una renta anual a la que la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya había condenado a México desde mil novecientos dos.


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