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El Derecho financiero se encarga de ordenar la actividad financiera de las administraciones públicas (Hacienda pública) conforme su doble vertiente: el ingreso —cuyo instituto jurídico más esencial es el tributo— y el gasto —cuyo instituto jurídico más esencial es el presupuesto—.


El término de ingreso público entiende los tributos (impuestos, tasas y contribuciones singulares), los ingresos provenientes de los recursos patrimoniales (como pueden ser los recursos administrativos, recursos del dominio público y patrimoniales), los productos de operaciones de la deuda pública (capitales tomados a préstamo por los entes públicos), y los ingresos que proceden de monopolios fiscales (hoy día lo son la lotería nacional y el tabaco).


El término de gasto público entiende esencialmente el programa de gastos que se aprueban por ley de año en año (presupuestos del Estado), y las obligaciones del Estado.


Por su parte, el Derecho tributario es el conjunto de reglas que regulan el establecimiento y aplicación de los tributos. Como puede verse, estudia un conjunto de ingresos públicos, los tributos, y no se adentra en el campo de las reglas reguladoras de los gastos públicos. Su finalidad es buscar el control y eficacia en la recolección de ingresos mediante la figura jurídica del tributo.


Derecho financiero patrimonial o bien Derecho patrimonial público. El objeto propio del derecho patrimonial público es el recurso patrimonial, esto es la estructura y la administración del patrimonio público dirigidas a la obtención de ingresos. Sobre la base de ello el derecho patrimonial público se configura en torno a 3 núcleos temáticos:



  1. º. Administración de los recursos de titularidad pública.
  2. º. Administración de empresas de titularidad pública.
  3. º. Participación de los entes públicos en empresas de titularidad privada.

Dentro del campo de la titularidad pública se incluyen 2 grandes categorías de bienes:



  • Los llamados Recursos deminiales o bien de dominio público.
  • Los llamados recursos patrimoniales.

Junto a ellos existen regímenes concretos de propiedad pública, como son la propiedad pública, la propiedad minera, el patrimonio forestal y el [[patrimonio nacional de cualqueir Estado


La actividad financiera es una actividad que desempeñan los entes públicas y su finalidad es la obtención de ingresos y la realización de gastos con los que encarar las necesidades de la colectividad social, necesidades que pasa esencialmente por los pilares que contribuyen al progreso social: educación pública, sanidad pública…Es la actividad que el Estado efectúa para colectar y regentar el dinero que se invirte en el cumplimiento de sus fines y mantenimiento económico de sus órganos dicha actividad tiene principal relevancia en el estado moderno por el hecho de que es por medio de ella que se efectúa las actividades que le deja la administración y erogación del dinero el que cumplirá sus fines.


El Derecho Financiero, rama del Derecho público, es un conjunto de reglas jurídicas que se encarga de ordenar los ingresos y los gastos públicos.


Esto nos lleva a mantener que el Derecho Financiero se encarga de una doble vertiente:



  1. Gastos
  2. Ingresos

El Derecho Financiero regula los diferentes ingresos que acrecen y se destinan a las arcas de los entes públicos. ¿Cuáles son?


Ingresos tributarios: Conocido como los tributos, son los más esenciales tanto a nivelo cualitativo como a nivel cuantitativo. Fueron objeto de un fecundo estudio por distintos autores lo que dio sitio a su suma importancia y que hoy en día a esta rama del derecho se le denomine Derecho Financiero y Tributario.


Ingresos crediticios: Son los que se consigue un ente público a través de el crédito ( al comienzo se computa como ingreso mas entonces va a suponer un gasto puesto que se transformará en una deuda).


Ingresos patrimoniales: El Estado por su condición de dueño de recursos consigue ingresos por medio de su cesión a terceros.


Multas y sanciones pecuniarias:


o bien


Para la satisfacción de las necesidades de la sociedad)


Se ocupa de los gastos públicos en los que afecta a los procedimientos formales que regulan la asignación, el desembolso y el control en la utilización de los recursos públicos.Existen tres grandes fases importantes:


La asignación: Homónimo de programación: las autoridades ( más bien políticas, Parlamento, C.A) programan el gasto público. Esta previsión se establece en un documento: el presupuesto, en el que se detalla cuánto gastaremos y exactamente en qué lo gastaremos. Este documento tiene efectos jurídicos puesto que tiene naturaleza de ley y por esta razón se habla de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. En el campo Local (Pleno) va a ser un reglamento.


Desembolso: (ejecución) Es la fase del gasto.


El control: En esta fase se hace el control de los fondos públicos o sea, se controla la ejecución del gasto. De ahí que diríase que “controlamos lo que se gastó”. Si bien hay 2 géneros de controles:


-Control simultáneo: efectuado en el instante del gasto, es el más efectivo por el hecho de que previene de efectos siguientes y adversos


-Control siguiente.



A esta una parte del Derecho Financiero se le llama Derecho presupuestario.


La Constitución: Su consideración como regla jurídica


En la cúspide (conforme Kelsen) se pone la Constitución. El resto de reglas internas se ubican bajo la Carta Magna debido al comienzo de jerarquía que se le atribuye a la Constitución.


¿Qué valor normativo tiene la Constitución en el Derecho Tributario y Financiero?Es un valor normativo inmediato en lo que se refiere a los derechos, puesto que es invocable frente a los Tribunales de Justicia en defensa de los derechos a quienes asistan. Esto es, contiene reglas jurídicas atributivas de derechos y obligaciones a los ciudadanos (la obligación más relevante son los tributos).Es invocable tanto por la Administración como por los ciudadanos.



Hay que resaltar asimismo las sentencias del Tribunal Constitucional, este órgano (que emite interpretación genuina sobre la Constitución) que no es propiamente un órgano judicial.


En la cúspide no se ubica el Tribunal Constitucional, sino más bien el Tribunal Supremo, mas cada uno de ellos pose unas determinadas competencias. El Tribunal Supremo, por servirnos de un ejemplo no puede producir una interpretación sobre la constitucionalidad de reglas de rango de ley.


Las sentencias del Tribunal Constitucional tienen la virtud de declarar si una regla con rango legal se ajusta o bien no a la Constitución, así sea en toda la regla o bien en una parte de ella. Si no se ajusta, emite una declaración de inconstitucionalidad y esa regla queda expulsada del ordenamiento jurídico con unas consecuencias esenciales ( prácticamente equivalentes a una declaración nula de pleno derecho) esto es, es tal y como si la regla no hubiera existido y por ende no hubiera producido en ningún efecto siguiente. Por poner un ejemplo, un ciudadano paga tributos al amparo de una ley que entonces es declarada inconstitucional, por ende, son nulos todos y cada uno de los procedimientos y de entrada se deben devolver lo pagado en los tributos.


Estas sentencias que declaran la inconstitucionalidad de la ley son fuentes en sentido negativo, esto es, expulsan las reglas del ordenamiento jurídico y en lugar de crear derecho erradica derecho.



Para cerrar este apartado, la eficiencia jurídica de ciertos principios de la Constitución no queda limitada a su consideración por el Tribunal Constitucional, como las de justicia financiera Art. trescientos once CE.


Ej.: Si un juez ordinario duda sobre si es inconstitucional una regla de rango legal, paraliza el proceso y emite una cuestión de inconstitucionalidad frente al Tribunal Constitucional.Si es frente a una regla comunitaria debe ir al Tribunal de Luxemburgo.Si esto sucediese con un reglamento, no precisa proponer ninguna cuestión de inconstitucionalidad, puesto que tiene competencia suficiente para inaplicar el reglamento (o bien cualquiera otra regla de rango infra legal) y deberá declarar la inconstitucionalidad de la regla infra legal.


En cuanto a las fuentes, pueden ser tanto del Derecho interno como del Derecho Internacional (primacía sobre el Dº interno) que pueden ser: tratados internacionales y derecho comunitario (derecho de la Unión Europea).


Los Tratados Internacionales.


Los Tratados Internacionales son convenios firmados entre 2 o bien más Estados que se regulan pactos que vinculan a los estados parte. Pueden ser a 2 bandas o bien multilaterales.


Los Convenios de doble imposición internacionales (por lo general internacionales) CDI, regulan el pago de impuestos a 2 estados que cobran exactamente el mismo impuesto a un mismo impositor. Esto brota debido a que hay 2 estados, el estado de vivienda del impositor y un segundo estado de fuente de riqueza del impositor.



Ej.: Un residente en Ourense es dueño de un piso en Alemania y lo arrienda a un inquilino alemán. Tiene una fuente de ingresos en Alemania mas vive en Ourense. Alemania desea cobrar el impuesto y España asimismo puesto que es la vivienda fiscal del impositor. Esto se soluciona con un CDI que decide quien va a cobrar el impuesto.En los últimos tiempos tienen otra finalidad ya fuera de la doble imposición fiscal que es el intercambio de información entre países para batallar contra el fraude fiscal.Hay unas zonas y ciertos Estados que no desean firmar estos CDI, esto es son estados de baja tributación y muy opacos en tanto que no transmiten información a otros países, es lo que llamamos como paraísos fiscales.Que fueron de suma importancia.


Fuentes del derecho comunitario en materia financiera. (Derecho de la Unión Europea)


Se debe resaltar el Derecho de la UE, en el que hay que recalcar el Tratado de Lisboa. Ahora no es necesario charlar de Dº Comunitario sino más bien de Dº de la Unión Europea.


La Unión Europea fue creada tras la II Guerra Mundial. Primero se llamó CECA (Comunidad Europea del lignito y el acero) después EURATOM, después CEE y por último con el Tratado de Lisboa se llamó Unión Europea. El Parlamento está en Estrasburgo y el Gobierno y la Comisión en Bruselas.


Las Directivas son reglas jurídicas que vinculan de manera directa en lo que se refiere al resultado. Muchas son impuestos armonizados por la Unión Europea a través de una directiva.


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