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El canon digital o bien canon por copia privada es una tasa aplicada a distintos medios de grabación y cuya colecta reciben los autores, editores, productores y artistas, asociados a alguna entidad privada de administración de derechos de autor, como compensación por las presuntas copias que se podrían hacer de sus trabajos en el campo privado. En ciertos países, estas copias están reconocidas por el derecho de copia privada, al paso que en otros violan la normativa de derecho de autor.


Entre los países de habla hispana, el canon digital se aplica en España, establecido por el R. D. Legislativo 1/1996, de doce de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Asimismo está actual en Paraguay, por medio de una ley de mil novecientos noventa y ocho que fue regulada en 2011; en Perú, a través de una ley de dos mil tres regulada en el mes de julio de dos mil cuatro y en Ecuador, por una ley de mil novecientos noventa y ocho, regulada en dos mil tres.


Existe algún género de canon digital en la mayor parte de los países miembros de la UE (todos salvo el R. Unido, Irlanda, Chipre, Luxemburgo, y Malta), y en Canadá.


En Argentina se discutió en dos mil once un proyecto para imponer un impuesto (llamado "derecho de retribución"), que afectaría a dispositivos de almacenaje y reproducción digital. El proyecto recibió un fuerte rechazo en las redes sociales y no ha prosperado. En dos mil diez brotó un proyecto en México, que fue retirado. En Chile se discute desde dos mil cuatro sobre la posibilidad de incorporar el canon.

Canon por copia privada (España)

La tasa se incorporó por vez primera en la legislación de España en la Ley 22/1987, de once de noviembre, de Propiedad Intelectual, que introdujo el derecho a efectuar copias privadas.


El dieciocho de diciembre de dos mil siete, se comenzó a aplicar el canon a las grabadoras de CD y DVD, a los MP3 y MP4, a los teléfonos móviles y a los PDA, entre otros muchos dispositivos capaces de guardar o bien reproducir música, todo esto a resultas de un nuevo pacto entre las entidades de administración de derechos de propiedad intelectual (con la SGAE al frente) y ASIMELEC. Esto provocó una enorme polémica al resultar evidente que estos aguantes se emplean frecuentemente para otros fines extraños a la copia privada, y por el hecho de que dicho pacto se negoció sin la participación ni presencia de usuarios y autoridades. Generalmente, se trata de una ley impopular, interpretada por los usuarios como un intento "injusto" de compensar a las compañías discográficas del perjuicio que les supone la obtención gratis de obras artísticas sin la obtención del lucro que legalmente les toca.


El veinticuatro de marzo de dos mil once, la Audiencia Nacional anuló la orden que regula el canon digital. La razón es que por ser un reglamento este precisaba unos trámites relacionados con memorias justificativas y económicas que no se efectuaron.


El doce de julio de dos mil once el Congreso de los Miembros del Congreso de los Diputados vota propiciamente una proposición no de ley que insta al Gobierno a la eliminación de tal canon y a su substitución por otra elabora de compensación a autores y dueños de contenidos que se ajuste más a las copias y usos verdaderamente realizados.


El treinta y uno de diciembre de dos mil once el canon fue claramente derogado por el recién constituido nuevo Congreso de los Miembros del Congreso de los Diputados, siendo sustituido por un nuevo pago esta vez al cargo del Estado cuyo procedimiento está por desarrollar.


El miembro del Senado Miguel Ángel Pichetto presentó un proyecto de ley para imponer la tasa, el que estuvo a puntito de tratarse en el Senado el veintiocho de junio de dos mil once. En esta cámara legislativa, contó con el acompañamiento de Rubén Giustiniani (firmó el proyecto al lado de Pichetto) y recibió el apoyo del radicalGerardo Morales, mas asimismo de los justicialistasAdriana Bortolozzi y de Liliana Negre de Alonso. Fue el resultado del lobby ejercido por SADAIC y CAPIF, entre otras muchas entidades privadas que representan a autores y editores en el país y en el extranjero. Dichas asociaciones serían las primordiales favorecidas por la nueva tasa. La iniciativa produjo un fuerte rechazo, expresado mediante las redes socialesFacebook y Twitter. La Fundación Vía Libre asimismo se manifestó contra el canon, aseverando que es anticonstitucional y que solo favorece a ciertos artistas. Aun, el colectivo hacktivistaAnonymous invalidó los servidores del Senado en la madrugada del veintinueve de junio, como queja por el hecho. Por último, el proyecto regresó a la Comisión de Legislación General del Senado, donde sería analizado con mayor profundidad. El Jefe de Gabinete, Anibal Fernández, reconoció en su lugar personal que el canon digital era "un mal proyecto" y que se "comieron una manifestación virtual", respondiendo activamente a los reclamos.


Luego de la polémica generada, se conoció la existencia de otros 2 proyectos, uno de la miembro del Senado Teresita Quintela y otro de Adriana Bortolozzi, que iban a ser discutidos en paralelo con el de Pichetto. El proyecto de ley de Bortolozzi había sido fuertemente cuestionado, puesto que en sus considerandos (los motivos que impulsan una ley) mentaba textualmente declaraciones del embajador de USA en Argentina -por entonces Anthony Wayne-, defendiendo en consecuencia los intereses de ese país.


El vocalista Gilberto Gil, por entonces ministro de culturabrasilero se expresó a favor de crear un canon digital en el primer mes del verano de dos mil ocho. En aquel instante manifestó: “Recuerdo que, cuando había casetes, hubo un instante en que se solicitó a los fabricantes que destinasen parte del coste que cobraban para retribuir a los autores, algo que ahora con los nuevos medios se puede hacer”. Gil dejó el puesto poco más tarde y el tema no se ha vuelto a proponer.


La Ley de Propiedad Intelectual de diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y ocho estableció la retribución por copia privada, en sus artículos ciento cinco al ciento ocho. Esta retribución o bien canon digital es un pago que debe hacer un importador o bien fabricante de aparatos electrónicos que puedan reproducir contenidos protegidos por derechos de autor y aguantes o bien cintas para fijación sonora o bien audiovisual. El monto del canon se fija por acto administrativo del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.


No es requisito que el aparato electrónico sea, realmente, utilizado para reproducir obras protegidas, ni que los aguantes vayan a ser utilizados en fijar contenidos protegidos por derechos de autor: se graba todo aparato y todo soporte.


Todo lo colectado se entrega a una sociedad de administración colectiva de derechos de autor, que por su parte lo distribuye a las sociedades de administración colectiva especializadas por género de artistas o bien titulares de derechos de autor. En dos mil tres se creó la sociedad de administración colectiva al cargo de esta colecta, que es la Entidad Recaudadora Única por Copia Privada de Fonogramas y Videogramas del Ecuador, ENRUCOPI.


La sanción por no abonar esta retribución por copia privada es una multa del trescientos por ciento del valor que hubo de ser pagado. La sociedad de administración colectiva puede solicitar a jueces o bien al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), autoridad en la materia, que retiren del comercio los recursos que no pagaron canon, hasta el momento en que se realice el pago.


Ecuador es una parte de la Comunidad Andina, que ha emitido múltiples Resoluciones sobre propiedad intelectual, mas ninguna de esas reglas comunitarias contempla un canon digital. El Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual no describe en detalle la retribución por copia privada, puesto que la ley delega la reglamentación de este canon digital al Consejo Directivo del IEPI.


En octubre de dos mil tres, el Consejo Directivo del IEPI emitió la Resolución N.º ciento treinta y tres (Registro Oficial N.º ciento noventa y tres de veinte de octubre de dos mil tres), que expide los valores del canon digital para los próximos items:



  1. Cassettes de audio (canon cambia conforme los minutos que contenga el cassette).
  2. Cintas de vídeo (canon cambia conforme minutos).
  3. Equipos de grabación fonográfica o bien videográfica.
  4. Soporte de grabación fonográfica o bien videográfica.
  5. Grabadores de CD Data y DVD Data.

En diciembre de dos mil trece, la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel) denunció que el IEPI habría aprobado una nueva tabla de valores para canon digital, para items que incluyen computadores, tabletas y teléfonos inteligentes, por su capacidad de reproducir contenidos protegidos por derechos de autor. Asetel demanda esta regla por el aumento en el costo de semejantes aparatos para el consumidor final.


El IEPI anunció que trabaja en reformas para progresar la colecta del canon digital, mas no ha hecho pública la reforma reclamada por Asetel. IEPI ha afirmado que se prohibirá que el importador o bien fabricante traslade el costo del canon digital al consumidor. El músico y músico Troi Alvarado, presidente de la Sociedad de Autores y Músicos Ecuatorianos (SAYCE) calificó de irresponsables las aseveraciones de Asetel.


El establecimiento de un canon digital contraría los postulados de la cultura libre, con lo que ha sido cuestionado anteriormente. Ecuador aprobó una nueva Constitución en dos mil ocho, cuyo artículo doscientos ochenta y siete prohíbe fijar en ley tasas o bien contribuciones en favor de entidades privadas. Hay tesis jurídicas que defienden que el canon digital establecido en mil novecientos noventa y ocho sería inconstitucional desde dos mil ocho.


En México, a fines de dos mil nueve se había rechazado un proyecto para incorporar un impuesto a Internet. En el primer mes del verano de dos mil diez, el miembro del Congreso de los Diputados federal Armando Báez Pinal planteó un impuesto sobre aquellos aparatos electrónicos "ideales para guardar, compactar, duplicar, reproducir, o bien copiar cualquier clase de obra literaria o bien artística, interpretaciones o bien ejecuciones, fonogramas, videogramas, producciones y/o transmisiones", en beneficio de las sociedades privadas de autores. Tras una serie de reclamos extendidos, exactamente el mismo miembro del Congreso de los Diputados retiró el proyecto por medio de un comunicado de prensa, en el que expresó: "Resulta necesario eludir cualquier peligro de afectación a la ciudadanía, por lo que es preciso conocer con mayor precisión las modalidades y posibilidades del empleo de las nuevas tecnologías, a través de estudios más puntuales."


En Paraguay, una ley que data de mil novecientos noventa y ocho establece que "Los titulares de los derechos sobre las obras publicadas en forma gráfica, a través de videogramas o bien en fonogramas, o bien en cualquier tipo de grabación sonora o bien audiovisual, van a tener derecho a participar en una retribución compensatoria por las reproducciones de semejantes obras o bien producciones, realizadas únicamente para empleo personal a través de aparatos técnicos no tipográficos." La ley fue regulada 13 años después, en el mes de junio de dos mil once, a través de un decreto del poder ejecutivo, por el que se fija el pago de una "retribución compensatoria" destinada a los artistas, intérpretes y ejecutantes del 0,5 por ciento . La medida recae en "equipos y aguantes" como celulares, radiograbadoras, vídeos y cintas imantadas, entre otros muchos.


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